GUANTÁNAMO EN COLOMBIA

"El "terrorismo" tiene dos caras. Hay amenazas reales y terroristas reales, pero también existe una esfera de temores sin nombre, presentimientos vagos y respuestas irracionales." De esta manera comenzaba un artículo de protesta, publicado en el diario londinense "The Guardian", de Richard Sennett (New York University, London School of Economics), y Saskia Sassen (University of Chicago, LSE), dos de los más prestigiosos sociólogos del mundo, a raíz de la detención y procesamiento judicial de Andrej Holm, docente en las Universidades Humboldt de Berlín y Göethe de Francfort. El Profesor Holm, un sociólogo crítico, había sido detenido por la fiscalía alemana en noviembre de 2007, acusado de pertenecer a un autodenominado "Grupo Militante", un grupúsculo clandestino de extrema izquierda, responsable del incendio de varios autos de las fuerzas armadas alemanas y de otras acciones. La acusación se basaba en que, mediante una investigación en Internet, la fiscalía y los organismos de inteligencia alemanes habían encontrado una similitud en el lenguaje entre artículos del Profesor Holm y los comunicados del "Grupo Militante": ambos utilizaban frecuentemente los conceptos de "gentrificación" y "desigualdad", usuales en el vocabulario de la sociología contemporánea. Adicionalmente, el Profesor Holm se había reunido en varias ocasiones con activistas sociales alemanes, sin llevar consigo su teléfono celular, lo que constituía -de acuerdo con la fiscalía y la policía- un indicio de "comportamiento conspirativo". De acuerdo con el auto de procesamiento, el Profesor Holm parece tener "la capacidad intelectual para ser el autor de textos muy sofisticados" que un grupo clandestino podría requerir pero, además, en su calidad de docente universitario y miembro de un grupo de investigación, "tiene acceso a bibliotecas, que puede utilizar de manera inadvertida para la autoría de textos" de grupos clandestinos. Finalmente, la policía planteaba que la participación del Profesor Holm en las protestas de grupos izquierdistas en la Cumbre Económica Mundial de Heiligendamm (2007) era un indicio más de su participación en actividades clandestinas, sin diferenciar entre quienes organizaban las protestas y los académicos que, como Holm, las estudiaban. Al final del artículo, los profesores Sennett y Sassen analizan la transformación del estado liberal alemán y otros estados occidentales por efecto de los ataques de 2001 en Nueva York. En estos estados, otrora modelos de un estado garantista, defensores de los derechos humanos y de las libertades individuales, antítesis de los estados autoritarios y totalitarios, ahora "gobierna el estado de excepción." Sennet y Sassen concluyen: "Si nuestro colega es efectivamente un sociólogo peligroso, debería ser acusado y procesado racionalmente. Pero, como en Guantánamo, la persecución ha tomado el lugar de la acusación y el procesamiento." Un par de meses después, la fiscalía alemana levantó los cargos contra el Profesor Holm, por falta de pruebas que lo implicasen en los actos criminales referidos.

El caso del Profesor Miguel Ángel Beltrán tiene similitudes que saltan a la vista con el caso del Profesor Holm. Un sociólogo crítico con una hoja de vida académica impecable se convierte de repente en "Jaime Cienfuegos", hombre clave del Secretariado de las FARC, gracias a unas "pruebas" de dudosa legitimidad procesal. De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, las evidencias que relacionan a alias “Cienfuegos” con las Farc fueron recuperadas de unos extensos intercambios de correos electrónicos y archivos, que reposaban en las memorias de los computadores hallados hace un año en el campamento de “Raúl Reyes”. Como es bien conocido, la Interpol realizó un informe sobre los computadores y equipos informáticos incautados en tal operación militar, que todos citan de oídas o por lo que los medios de comunicación colombianos (des)informaron, pero nadie ha leído. En el Informe, "Interpol's Forensic Report on FARC computers and hardware seized by Colombia", que puede consultarse en su página de Internet y accesible en 4 idiomas (http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2008/pdfPR200817/Default.asp), se llega a varias conclusiones, algunas de las cuales merecen consideración para evaluar la legitimidad de tales pruebas como parte de una incriminación criminal. Concluye la Interpol (citaré la versión en castellano), entre otras cosas:
a) "La precisión y el origen de los archivos de usuario contenidos en dichas pruebas quedan y han quedado siempre fuera del alcance del análisis informático forense de INTERPOL." (p. 7) En otras palabras, la Interpol no puede determinar si tales computadores y equipos informáticos pertenecían a "Raúl Reyes" ni quiénes podrían ser sus autores.
b) En la Conclusión No. 2b se plantea: "Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley." (p. 8) El mismo Informe, que es en principio de carácter meramente técnico, plantea un posible problema sobre la validez procesal de dichas pruebas: "Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas." (p. 31)
c) Como consecuencia de lo anterior, se crearon, modificaron y suprimieron 40.055 archivos (p. 32ss)

En suma, existen dudas razonables sobre la validez jurídica y procesal de estas pruebas, que parecen ser las determinantes para la incriminación que se ha hecho al Profesor Beltrán, de acuerdo con las declaraciones del propio Fiscal General de la Nación. Esto, sumado a las condiciones manifiestamente ilegales en que ocurrió la deportación del Profesor Beltrán (como han denunciado intelectuales, políticos opositores y comisiones de derechos humanos mexicanos), nos llevan a pensar que no estamos ante una investigación racional, con pruebas y procedimientos ajustados a las leyes y a las garantías constitucionales propias de un Estado de Derecho liberal sino, mas bien, ante un caso de persecución irracional. En la teoría constitucional liberal se plantea que el respeto a los derechos y garantías fundamentales, de un lado, y la división de poderes, de otro, constituyen los dos elementos básicos de un estado democrático de derecho, los que permiten diferenciarlo de un estado autoritario o totalitario. En este caso, garantías constitucionales básicas como la presunción de inocencia, el debido proceso y el imperio de la ley parecen ser letra muerta. Del mismo modo, la investigación judicial parece servir como instrumento de dudosos intereses políticos del poder ejecutivo.

A diferencia de la República Federal de Alemania, Colombia ha vivido la mayor parte de su vida contemporánea en un "Guantánamo permanente", en el que las razones de estado y el combate (por medios legales y extralegales) a los enemigos políticos han primado sobre lo que el constitucionalista alemán Carl Joachim Friedrich denomina el principio básico del constitucionalismo, esto es, la dignidad humana. En esto yace el fundamento de la superioridad ética de un estado democrático de derecho cuando se le compara con un régimen dictatorial. Los defensores del orden constitucional desarrollado en la Carta de 1991 y los intelectuales críticos que defienden un orden democrático y justo, que es hoy en Colombia un proyecto político, una utopía, deben permanecer vigilantes. Existen razones fundadas para pensar que aquí se trata de un caso de persecución o, como planteaba Otto Kirchheimer, de "justicia política".


Andrés Hernández Vásquez
Abogado, Licenciado en Filosofía y Letras,
Candidato a Doctor en Ciencias Políticas
Universidad de Maguncia, República Federal de Alemania