La Jornada - Protesta en el INM por expulsión de Beltrán Villegas

La Jornada - México, 26 de junio de 2009

Georgina Saldierna

Integrantes de organizaciones sociales protestaron ayer frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) por la expulsión del colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, sin que haya existido petición del gobierno de Álvaro Uribe y sin ninguna razón para hacerlo, puntualizaron.

Jóvenes del Frente Amplio Contra la Represión, del Foro Social Mundial y de la Organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio entregaron volantes denunciando el hecho y reprodujeron un audio, en el que retomando la campaña oficial Vive México, para promover el turismo en el país, aludieron a diversas problemáticas en el país, como la matanza de Acteal, la existencia de pederastas y redes de prostitución infantil en Yucatán, los feminicidios en Ciudad Juárez y la represión en San Salvador Atenco.

De manera irónica, se agrega que un cierre perfecto del "recorrido turístico" que se puede hacer por México sería acudir al INM, lugar a partir del cual es posible regresar al país de origen gracias a un trámite express. "La detención, el aislamiento, la tortura y el vuelo de retorno se puede hacer en menos de cuatro horas", resaltaron, en referencia a la forma y el tiempo que tomó la expulsión del colombiano, a quien se le vincula con las FARC.

Mexicanos denuncian irregularidades en expulsión de presunto rebelde de FARC

Unos veinte miembros de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de México (H.I.J.O.S.) protestaron hoy contra las autoridades del país por supuestas violaciones a los derechos humanos en la deportación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán, acusado de pertenecer a las FARC.

"Bienvenidos a la Secretaría de Gobernación; aquí violamos sus derechos humanos", decía uno de los carteles que los manifestantes portaron ante la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para denunciar la manera en que las autoridades expulsaron de México a Beltrán, el pasado 22 de mayo.

La activista de H.I.J.O.S. Guadalupe Pérez señaló que el Gobierno mexicano actuó de manera ilegal al incomunicar al presunto guerrillero, no permitirle la garantía de un abogado y trasladarle de inmediato a su país sin informarle siquiera de su situación jurídica.

Vigilados por alrededor de medio centenar de carabineros, el grupo repartió volantes y puso un equipo de audio que, de manera irónica, imitó la campaña "Vive México", que desarrolla el Gobierno para tratar de recuperar el turismo tras la epidemia de la gripe A.

A través de los panfletos, la ONG invitó a los extranjeros a visitar Ciudad Juárez para hacer un recorrido por un lugar "con mujeres asesinadas y ejecutados en las calles", la Ruta Maya, en Chiapas, "para ver en vivo la pobreza y las tumbas de mujeres y niños asesinados", y Yucatán, "donde hay pornografía infantil y las cárceles están llenas de presos acusados de zapatistas".

Una joven con una banda que decía "Miss desaparecidos" denunció las irregularidades en la deportación de Beltrán, mientras otra identificada como "Miss presos políticos" la acompañó para entregar a la Secretaría de Gobernación el premio inventado "Impu 9000", una manera de denunciar la supuesta impunidad.

Miguel Ángel Beltrán, de 45 años de edad, cursaba estudios de postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante una visita a la Secretaría de Gobernación para actualizar su condición migratoria fue detenido y deportado el pasado 22 de mayo.

Horas después el presidente colombiano, Álvaro Uribe, agradeció a su homólogo mexicano, Felipe Calderón, la captura y envío a Bogotá de Beltrán, acusado de ser "Jaime Cienfuegos", un importante miembro de la comisión internacional de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Eso es mentira, Beltrán ha dedicado su vida a la academia, no ha hecho militancia, menos guerrillera, no tiene nada que ver con eso, en México ocurrió un acto de secuestro. Ni siquiera el Gobierno colombiano había solicitado su extradición", aseguró a Efe el maestro universitario de origen colombiano Eduardo Correa, presente en la manifestación de hoy.

Noticias internacionales: www.Qué.es

Mecanismos legales de persecución política: el caso de Miguel Ángel Beltrán Villegas

México DF, junio 19 de 2009

La detención del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, efectuada por el Instituto Nacional de Migración de México (INM), y su posterior entrega a las autoridades judiciales en Colombia ha sido calificada por algunos abogados como una modalidad de “secuestro transfronterizo”, por la forma en la que fue desarrollado el procedimiento: no hubo deportación, pues entró de manera legal a México para desarrollar su estancia postdoctoral, ni tampoco extradición, pues los tratados vigentes en esa materia entre México y Colombia la prohibirían si se tratase de acusaciones por dellitos políticos.

Al reconocido sociólogo, maestro en ciencias sociales e historia y doctor en estudios latinoamericanos, se le violaron sus derechos a la información y a la defensa, siendo expuesto a la opinión pública como alias 'Jaime Cienfuegos' cuando no se ha probado que se trate de la misma persona. Ahora, el profesor Beltrán se ha convertido en una de las víctimas de la política de 'seguridad democrática', mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez agradeció a las autoridades mexicanas, y paticularmente al presidente Felipe Calderón, por la captura del académico, a quien calificó de ser “uno de los terroristas más peligrosos” de las FARC, sin que las investigaciones hayan logrado demostrar absolutamente nada en este sentido y no se haya fallado en contra del docente universitario.

El 'show mediático' con el que fue presentado Miguel Ángel Beltrán al ser entregado a las autoridades colombianas mantuvo la acusación sin demostrarla: algunos medios se conformaron con afirmar que era guerrillero contando sólo con declaraciones de miembros del gobierno, como el general Óscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional, para sustentar esa idea.

Dentro de los elementos que rodean el caso de Miguel Ángel Beltrán, han sido documentadas varias inconsistencia en el proceso de detención y judicialización, ante las cuales el INM ha planteado que sus acciones se realizaron “con estricto apego a la ley”. Sin embargo, no se ha dado una respuesta satisfactoria sobre cuál fue la justificación de la expulsión de Miguel Ángel y por qué se le negaron los derechos de información, de apelación y de amparo.

Por otro lado, en las declaraciones del gobierno colombiano y del director de la policía se enfatiza en los acuerdos que estos dos países vienen adelantando respecto a la lucha contra el terrorismo, lo que coloca en evidencia la afinidad política de los dos gobiernos en relación con el modelo de seguridad que aplican, ya sea bajo el ropaje de la lucha contra el narcotráfico o bajo el de la lucha antiterrorista, y también la afinidad de ambos con un sistema político e ideológico de ultraderecha: así lo demostrarían las múltiples reuniones de Uribe con organizaciones como el Concejo ciudadano para la seguridad pública en México y los 'sabios consejos' que, durante el año pasado, que el mandatario colombiano ofrecía a Felipe Calderón, respecto a la política de 'seguridad democrática'.

Actualmente, Miguel Ángel Beltrán sigue detenido y, con las acusaciones del general Naranjo, está siendo procesado por la Fiscalía colombiana, bajo los cargos de concierto para delinquir con fines terroristas y concierto para delinquir con fines de financiación del terrorismo. Ante la gravedad de la situación, varios estudiantes, maestros, intelectuales y organizaciones sociales colombianas y mexicanas han decidido emprender la denuncia de la criminalización y del montaje de los que está siendo víctima el profesor, y desarrollar diferentes actividades de información y de exigencia por la libertad del académico.

Esta detención es un caso que pone en claro la criminalización de las ideas y del pensamiento crítico latinoamericano: las voces que exigen la libertad inmediata para Miguel Ángel Beltrán Villegas son también las voces que hoy denuncian que los gobiernos de Colombia y México –bajo el manto de la lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada– han decidido convertirse en los bastiones estratégicos del modelo neoliberal y la antidemocracia en Latinoamérica, aplicando la guerra sucia contra el pueblo y persiguiendo a los movimientos políticos y sociales progresistas y de izquierda.

Periódico El Turbión

COMUNICADO COLECTIVO DOCENTE DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE CALDAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

El colectivo docente del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, en reunión realizada el 8 de junio de 2009, analizó la situación generada a raíz de la expulsión de México y posterior detención en Colombia del Doctor MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS y, en consecuencia, decidió manifestar ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente.

1. Aquellos de nosotros que lo conocemos personalmente o que hemos estudiado su producción intelectual reconocemos en el colega Beltrán Villegas a una persona de las más altas capacidades humanas y profesionales.

2. Las informaciones que hemos conocido gracias a sus colegas de México nos permiten determinar que su deportación a Colombia fue realizada sin el debido respeto por los procedimientos legales establecidos, cuestión que incluso ocupó la atención y rechazo de la Comisión Permanente del Congreso de México que ha citado a varios funcionarios para que expliquen lo sucedido.

3. En Colombia altos funcionarios del Estado (el Presidente de la República, el Fiscal General y el Director General de la Policía) han desconocido flagrantemente el principio constitucional y legal de la presunción de inocencia y, antes de cualquier juicio, han condenado públicamente al doctor Beltrán Villegas. Así mismo, en una forma de pensar y de actuar que creíamos superada, han buscado asimilar el trabajo sociológico con el delito político o el terrorismo.

4. Por su parte, los medios de comunicación masivos han desconocido el principio de imparcialidad y el derecho a la información que constitucionalmente nos asiste a los ciudadanos, se han limitado a presentar las versiones oficiales, han entrevistado de manera hostil al doctor Beltrán Villegas y han desconocido las informaciones provenientes del mundo académico.

5. Encontramos, lamentablemente, que la situación del doctor Beltrán Villegas se suma a hechos precedentes como: la solicitud realizada en noviembre de 2.008 por la Fiscalía General de la Nación para que le fueran entregadas las bases de datos de los estudiantes universitarios, la detención de varios docentes universitarios al finalizar el mismo año y los asesinatos de los sociólogos Alfredo Correa de Andreis en 2.006 y Edgar Fajardo en 2.007.

6. Este conjunto de circunstancias se nos presenta como síntomas de un proceso creciente de desinstitucionalización de la vida política del país que se expresa, también, en las ejecuciones extrajudiciales (llamadas “falsos positivos”), la interceptación ilegal de comunicaciones así como la reiterada conculcación de derechos de diversos sectores sociales, comunidades étnicas y prácticas profesionales.

Así las cosas, el proceso seguido contra el historiador, sociólogo, magíster en Ciencias Sociales, doctor en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad Nacional de Colombia, colega Miguel Ángel Beltrán Villegas, sumado a los hechos antes citados, se nos presentan como una grave amenaza a la esencia misma del trabajo científico social: la libertad de definir objetos de investigación, perspectivas teóricas y metodológicas; determinar los actores a estudiar y su consulta en tanto fuentes de información; controvertir sin limitación alguna evidencias científicas, hipótesis, hallazgos; todo lo cual sólo es posible en un ambiente de libertad y de respeto por el trabajo científico e intelectual.

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, el colectivo docente del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas decidió:

1. Demandar de las autoridades competentes la restitución al colega Doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas sus derechos conculcados: la presunción de inocencia y su buen nombre; así mismo le sean garantizados su derecho a un debido proceso y a su salud.

2. Así como reconocemos a los propietarios de los medios de comunicación y a los comunicadores sociales la libertad de empresa y de opinión, como ciudadanos exigimos nuestro derecho constitucional y legal a ser informados de manera imparcial y, en consecuencia, a que sean difundidas no sólo las versiones oficiales sino la multiplicidad de pronunciamientos provenientes del mundo académico y del propio implicado con el respeto que todos ellos merecemos.

3. Convocamos a los departamentos, programas y facultades de Sociología, Antropología y en general de las ciencias sobre lo social, a realizar en forma de red un amplio foro nacional en espacios públicos y abiertos en el que podamos debatir con la ciudadanía en su conjunto el tema de las libertades de investigación y de cátedra que nos asisten en tanto académicos, las garantías que le corresponde prestar al Estado de Derecho para su ejercicio así como los intentos de asimilarlas con el delito político.

4. Dado el proceso de desinstitucionalización creciente que amenaza la esencia misma del trabajo científico sobre lo social, convocamos a los partidos políticos y a los precandidatos presidenciales a exponer y debatir sus propuestas políticas para garantizar las libertades de investigación y de cátedra como expresión, también, de la autonomía universitaria.

5. Finalmente, proponemos a todos aquellos investigadores sobre lo social y en particular a los docentes universitarios, que quieran voluntariamente hacerlo, donar un día de salario para poner estos recursos a disposición de la familia del colega Doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas y contribuir de esta manera con los gastos necesarios para su defensa jurídica y el cuidado de su salud.

En Manizales, a los 8 días del mes de junio de 2.009,

POR EL COLECTIVO DOCENTE DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CALDAS:

CESAR MORENO BAPTISTA
Antropólogo, doctor en Antropología, Director Departamento

Fernando Cantor Amador
Sociólogo, candidato a magíster en Sociología, Director Programa de Sociología

Bridget Cortés TARYN
Socióloga, estudiante maestría en Teorías y métodos de investigación social

Pedro María Argüello García
Antropólogo, estudiante Maestría en Ciencias Sociales

RICARDO A. BOTERO VILLAMOR
Antropólogo, estudiante maestría en Territorio, Conflicto y Cultura

Gloria Elsa Castaño Alzate
Antropóloga, estudiante Maestría en Sociedades Rurales

Ángela María Gnecco lizcano
Socióloga, candidata a magíster en Desarrollo Humano

Claudia Andrea Escobar Zuluaga
Socióloga

Beatriz Nates Cruz
Antropóloga, doctora en Antropología

Pompeyo José Parada Sanabria
Sociólogo, magíster en relaciones internacionales, candidato a doctor en Antropología

William andrés Posada restrepo
Antropólogo

Adriana maría quiceno
Antropóloga

Sandro Leonel Rodríguez
Sociólogo

Carlos DAVID RODRIGUEZ
Antropólogo, candidato a doctor en Antropología

Ernesto León Rodríguez
Antropólogo, candidato a doctor en Antropología

JORGE RONDEROS VALDERRAMA
Sociólogo, magíster administración y planificación del desarrollo regional, candidato a doctor en relaciones interétnicas en América Latina: pasado y presente

Carlos Eduardo Rojas Rojas
Sociólogo, magíster en Filosofía

Mary Luz Sandoval Robayo
Socióloga, magíster en Sociología

Rodrigo Santofimio Ortiz
Sociólogo, magíster en relaciones internacionales

El proceso contra el profesor Miguel Ángel Beltrán: nuevamente Sócrates y la persecución al pensamiento

Miércoles 17 de junio de 2009
Prensa - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

En el banquillo, el profesor universitario, tras de sí las cámaras y ante sí, el Fiscal, el representante de la Procuraduría y en el estrado, el Juez que dirigió la puesta en escena: La fotografía que resume situacionalmente las audiencias desarrolladas en días pasados en contra del profesor Miguel Ángel Beltrán. Un maestro en Silencio, los demás hablan, se mal ocupan de su existencia.

Un maestro que está enfermo que pide recesos y se le niegan, sus defensores son atacados en esos instantes, al unísono. La Fiscalía aclara, ni un antigripal para el maestro porque se duerme, el Juez dice, no hay evidencia de que tenga alguna enfermedad que impida que se siga desarrollando la audiencia… El Ministerio público reconoce que el profesor requiere descanso y reposo, pero después de la diligencia… Respiran aliviados todos los asistentes detrás de sus tapabocas…

Mientras, el Fiscal, solicita para sí, recesos contemplativos, recesos aclarativos, recesos verificativos, que todos aplauden… El Tribunal de Atenas, solo deja la opción de la cicuta.

Una puesta en escena que como se ve, recuerda algunos datos de lo formal y de lo material del juicio a Sócrates, que culminó para él, en la supuesta dignidad del suicidio. Una recreación que revela, ayer como hoy, cómo el lema “subvierte a la juventud, corrompe la juventud”, vía ejercicio de la sabiduría y del estudio científico, sigue siendo herramienta meramente política. Quién se pretende entonces que beba la cicuta… el maestro Beltrán?, la Universidad pública?, la oposición académica? Todos porque son uno solo?.

Por el doctor Miguel Ángel Beltrán, debiese hablar su obra científica, sus dos doctorados, su postdoctorado en curso, su compromiso académico por Colombia, por la Universidad Pública, que fueron vacuamente escuchados en las audiencias... Sócrates esperaba lo mismo, por ello su espíritu habló a través de las formas que han llegado a nosotros por Platón y Jenofonte, quienes recogieron su voz…

“Pero yo, atenienses, quizá también en este punto me diferencio del resto de los mortales, y si me obligaran a decir en qué soy más sabio, me atrevería a decir esto: me siento más sabio porque, desconociendo lo que en verdad acaece en el Hades, no presumo de saberlo”.

Son múltiples las preguntas que surgen después de presenciar las tres audiencias: De “legalización de la captura”, de imputación y de imposición de detención preventiva, sobre lo que fue la actuación de quien debió ser un Juez constitucional, un Juez de garantías:

La primera, obvia, es por qué razón el señor Juez, jamás preguntó, de qué forma, arcana por ahora, la Fiscalía concluía que el tal “Jaime Cienfuegos”, que dicen que aparece en unos equipos de sistemas, era el profesor Miguel Angel Beltrán. No existe ni una sola alusión a esta situación elemental, ni en boca de la Fiscalía, ni en la del representante de la Procuraduría, ni tampoco en la de quien asistía como Juez de control, de garantías. Escuchamos a Sócrates por boca de Platón.

“Y voy a daros pruebas contundentes de ello, no con palabras, sino con lo que tiene mayor fuerza ante cualquier auditorio, con los hechos. Dejadme contaros un episodio de mi vida, que pondrá de manifiesto que yo nunca cedería a la injusticia por temor a la muerte y que el miedo a morir es impotente para hacerme desistir de algo que sea contrario a la justicia. Os voy a relatar cosas tal vez pesadas y aburridas, a la manera de los abogados, pero todas ciertas”.

Afuera, el corifeo mediático, y alrededor del altar de sacrificio, hace la unificación: Aúlla y danza un nuevo nombre: Miguel Angel Beltrán ya no es él, el Maestro… Se ha capturado a Jaime Cienfuegos…. Se ha capturado a Jaime Cienfuegos… ven cómo se ha capturado a Cienfuegos?….

La segunda pregunta nuevamente elemental: Por qué no se le preguntó siquiera a la Fiscalía sobre la forma en que fueron supuestamente obtenidos esos equipos de sistemas de los cuales tanto habló el acusador. Esto es, establecer el alcance judicial de unos elementos presupuestamente incautados en un hecho ya reconocido como atentatorio del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Tampoco se interrogó a la Fiscalía sobre la legalización de la obtención de los supuestos elementos, lo que equivalió a aceptar que una orden judicial para “explorar” una evidencia ilícita, sirviera de bautizo de legitimidad… Cual si el derecho a ser privado de la libertad con fundamento en prueba lícita y legal, no fuese de resorte de una audiencia preliminar… Dijo Sócrates:

“Sin embargo, quiero demostraros que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la realidad. Aunque de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de asombro: la que dice que tenéis que precaveros de mí y no dejaros embaucar, porque soy una persona muy hábil en el arte de hablar…

“Y no os irritéis contra mí porque os diga la verdad, una vez más. No hay nadie que pueda salvar su vida, si se opone con valentía a vosotros o a cualquier otra asamblea y se empeña en impedir las múltiples injusticias e irregularidades que se cometen en cualquier ciudad. En consecuencia, quien quiera luchar por la justicia debe tener muy presente, si quiere vivir muchos años, que se conforme con una vida retirada y que no se ocupe de los asuntos públicos”.

En tercer lugar, y en la misma lógica, tampoco se observó siquiera una sola intención por determinar los hechos “delictivos”. En alguna de estas audiencias se dijo por el Fiscal, que se referían a supuestas comunicaciones entre un “Jaime Cienfuegos”, y un Raúl Reyes.

Curiosamente, dijo la Fiscalía que hay correos hasta septiembre de 2006 y se permitió que la Fiscalía aplicara una norma –la Ley 1121 de 2006- solo publicada en el Diario Oficial hasta el 30 de diciembre de ese año. Desde luego, esa norma agrava la pena. Si se hubiere observado cuáles eran los supuestos hechos y cuando ocurrieron, con la claridad necesaria a la imputación a cualquier colombiano, y con mayor razón a quien ha ejercido la docencia científica como el Doctor Beltrán; se habría notado que la Fiscalía pidió la aplicación de una ley inexistente cuando los hechos supuestamente ocurrieron, bueno, desde luego, si se entiende como hechos las apócrifas comunicaciones que se dice existieron entre un Jaime Cienfuegos y un Raúl Reyes… que dicen que aparecieron en unos equipos… que dicen que fueron incautados en una incursión, esta sí que se sabe, es, como mínimo, violatoria del Derecho Internacional… el corifeo no danza... y Sócrates habla a través de Platón…

“Por no querer aguardar un poco más de tiempo, os llevaréis, atenienses, la mala fama de haber hecho morir a Sócrates, un hombre sabio, pues para avergonzaros os dirán que yo era un sabio, aunque no lo soy. Si hubierais esperado un poquito más, habría llegado el mismo desenlace, aunque de un modo natural; considerad la edad que tengo y cuán recorrido tengo el camino de la vida y qué cercana ronda la muerte. Lo dicho no va para todos, sino sólo para los que me habéis condenado a morir”.

Mientras, el Fiscal con pompa de medios técnicos y auxilio de policía muestra en gigante el supuesto listado de correos, mientras lee, que “los resaltados” no son del texto. Nadie recuerda, nadie habla del informe Público de la Interpol… ni el Estado Juez, ni el Estado Fiscal, ni el Estado Procurador recuerdan que ese informe público decía que los correos revisados no estaban resaltados. El fiscal finaliza diciendo que esos son los correos.

En acompañamiento de Juez y Procurador al Fiscal, se concluye finalmente que el correo en Word que para la Fiscalía muestra un concierto para delinquir agravado por terrorista, era uno donde el tal Jaime Cienfuegos y el supuesto Raúl Reyes hablaban de la creación de un grupo de investigación científica… nos grita Sócrates…

“Imaginémonos que se tratara de una acusación formal y pública y oímos recitarla delante del tribunal: "Sócrates es culpable porque se mete donde no le importa, investigando en los cielos y bajo la tierra. Practica hacer fuerte el argumento más débil e induce a muchos otros para que actúen como él".

Quizá alguno de vosotros, en su interior, me esté recriminando: "¿No te avergüenza, Sócrates, verte metido en estos líos a causa de tu ocupación, que te está llevando al extremo de hacer peligrar tu propia vida?"

A éstos les respondería, y muy convencido por cierto: Te equivocas completamente, amigo mío; un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por esos posibles riesgos de muerte, sino que debe considerar sólo la honradez de sus acciones, si son fruto de un hombre justo o injusto…

Pero yo, durante toda mi vida, tanto en las cuestiones de interés público en que he intervenido como en las privadas, he sido siempre el mismo y jamás he actuado contra la justicia, ni les he permitido hacerlo a los que mis acusadores denominan mis discípulos, ni a los demás”.

Ellos reiteran, el corifeo aúlla: El supuesto correo que dice que un tal Jaime Cienfuegos hablaba de grupos de investigación científica, muestra que hay un concierto para delinquir agravado por la ley que no existía.

Algunos nos preguntamos: Y cuál es la evidencia del terrorismo en el tal grupo de investigación científica?. Y entonces, el corifeo calla nuevamente, no recuerda que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ya sentaron que el terrorismo es diferente de la rebelión, dice la conciencia jurídica, que el corifeo no secunda:

“El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política…

La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos.

Admitir tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia. La Constitución es clara en distinguir el delito político del delito común. Por ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como la amnistía o el indulto, los cuales sólo pueden ser concedidos, por votación calificada por el Congreso Nacional, y por graves motivos de conveniencia pública (art. 50, num. 17), o por el Gobierno, por autorización del Congreso (art. 201, num. 2o.). Los delitos comunes en cambio, en ningún caso pueden ser objeto de amnistía o de indulto” .

Así, hablando de otros, no de él, finalmente, queda sacrificado en el altar el maestro, ya no ciudadano, ahora enemigo, terrorista, no humano. El enemigo al que legalizan su captura, al que detienen, al que no le permiten un minuto de descanso en más de siete horas.

Tres audiencias que tienden a demostrar que la persecución es contra la investigación científica, contra la academia…

Qué dirán los archivos del DAS de las interceptaciones y seguimientos ilegales del profesor Beltrán?…

“Con estas predicciones, como si fueran de un oráculo, me despido de los que han votado mi muerte. Y ahora quiero dirigirme a quienes me han absuelto, conversando sobre lo que aquí ha sucedido, a la espera de que los magistrados acaben de trajinar con estos asuntos y me conduzcan al lugar donde debo esperar la muerte. Permaneced, atenienses, conmigo el tiempo que esto dure, pues nada nos impide platicar. Querría comentar con vosotros, como amigos que sois, mi interpretación de lo que acabamos de vivir”.

En conclusión, tenemos:

• Una captura completamente ilegal, que fue “legitimada” por un Juez de Control de Garantías.

• Durante las audiencias, el irrespeto por la dignidad de un enfermo procesado, en un entorno donde lo importante era que “aguantara” el desarrollo de esas diligencias. Al tiempo que se le sugirió y se le permitió al Fiscal cambiar incluso el contenido de los delitos por los que había conseguido la orden de captura.

• La imputación contra un ciudadano por el nombre de otro, sin haberse ofrecido la más mínima razón para concluir que eran las mismas personas.

• Una imputación donde ni siquiera se preguntó por el Juez de control de garantías, cuál era la forma en que fueron supuestamente obtenida la tal evidencia. Ello a pesar de que es un hecho notorio que la misma se hizo surgir en un atentado contra la soberanía de otro país, un hecho atentatorio del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

• Una imputación que dice que la autorización de acceso a unos elementos, equivale a la legalización de su ilícita obtención.

• Una imputación, donde no se aclararon cuales eran los supuestos hechos delictivos, ni como, cuando y dónde ocurrieron.

• Una imputación donde se atribuyó en contra del procesado, una norma que no existía en la época de los supuestos hechos.

• Una imputación donde el Fiscal muestra sin inmutarse la alteración en sombreados, de evidencias que no debiesen haber sido manipuladas.

• Una imputación donde los supuestos hechos no coinciden con los delitos que Juez y Procurador permitieron imputar.

• Una imputación donde dice que hablar de supuestos grupos de investigación científica, es concierto para delinquir agravado, es realmente un proceso contra un docente crítico.

Como se ve, ningún momento tan preciso como el actual para hacer un llamado moral a la solidaridad, a respaldar la academia, a emprender la defensa del Doctor Miguel Ángel Beltrán.

¿REALIDAD O IMAGEN? NI UNA NI OTRA TIENEN DERECHO A ATENTAR CONTRA UN INOCENTE

Ahora, con la situación ocurrida a Miguel Ángel Beltrán Villegas, intelectual sindicado con el alias de “Jaime Cienfuegos”, y frente a un mosaico de medios de comunicación que registran el hecho como su gran noticia, siento que debo escribir lo que a continuación escribo.

En un mundo inundado por los medios de comunicación, absolutamente polifónico, con muchos estímulos audio-visuales bombardeando nuestras mentes, es lógico pensar que las personas tiendan a confundir realidad con imagen. Una imagen puede ser considerada como la realidad cuando en verdad no pasa de ser una interpretación que alguien hace de la realidad. De hecho nuestra realidad particular no es otra cosa que la imagen subjetiva que cada uno se hace de la vida. Hasta ahí no existe mayor inconveniente, cada uno utiliza el prisma que desee para ver el arcoíris o la tarde gris, según sea el caso. El lío aparece cuando se trata de homogeneizar la imagen a través de los medios de comunicación. Cuando la imagen de los comunicadores se impone imperativamente en el pensamiento de la gran masa. Y peor aun cuando se lleva a considerar que esa imagen es la verdad. Algunos sectores de la sociedad no cuestionan un ápice de lo que los medios de comunicación presentan. Hay quienes piensan que si aparece en televisión tiene total veracidad. Si la fotografía o el video lo muestran es porque así sucedió. Pero, así como la tecnología nos ha permitido comunicarnos al instante con el mundo entero, también ha provocado incomunicación en la medida que facilita la distorsión del mensaje, manipulando a favor de finalidades “non sanctas”.

Ya no es necesario ser un experto en informática o en paquetes de software sobre diseño gráfico para alterar una fotografía. Perfectamente se puede hacer aparecer a un sujeto en un lugar que nunca visitó o vestir con un atuendo que nunca portó o estar acompañado de alguien a quien nunca conoció. Es totalmente viable en la actualidad que la voz de una persona sea fragmentada y editada en frases cortas para armar una conversación que jamás se sostuvo. Tan es posible que un personaje de una película hable con un muerto de otra época, frente a frente, como que una persona del común esté de cuerpo presente en una rueda de prensa con el Primer Ministro Británico, aunque nunca en la realidad nunca haya salido de su pueblito natal.

Y, sin embargo, he desglosado una serie de posibilidades de imágenes audio-visuales, pero también es fundamental comentar las imágenes mentales que pueden inducir los medios en la cabeza inerme del espectador. La exposición de noticias se hace tal como una puesta en escena melodramática. No es gratuito que primero se hable de un acto de violencia guerrillero y a continuación se presente la noticia de la captura de un sindicado a quien aun no se le ha probado su culpabilidad. El espectador estará ya influenciado por la anterior información y con bronca pedirá su cabeza sin necesidad de un juicio.

¿Qué descubriríamos si nos diésemos a la tarea de cronometrar el tiempo de pantalla en un noticiero de un representante del gobierno que sea accionista de la empresa dueña del noticiero versus la exposición de alguien que sea de la oposición? Y si nos ocupamos del tipo de lenguaje que utilizan los periodistas para referirse a sus temas estaríamos ante una exhibición de discriminación de género, ante una visión clasista, ante una violación de la presunta inocencia, etc., etc .

La invitación aquí es a tomar distancia de posiciones parcializadas que condenen inocentes, que estigmaticen seres, organizaciones, colectivos, regiones y hasta países. “Si me clasificas me niegas” dijo Soren Kierkegaard. Esas asociaciones mentales en las cuales se da por cierta una afirmación unilateral, en las cuales se meten en una misma bolsa a quienes tengan formas de pensamiento diferente, están generando la más acérrima violencia en Colombia. Desde el mismo vecino que le quita el saludo a un padre cuyo hijo apenas es sindicado hasta aquellos grupos armados que sin mediar pregunta van ajusticiando inocentes, son formas de creerse todas las imágenes que nos manipulan y actuar inmersos en un bazar de idiotas que se pudren en una ciénaga de sangre, al estilo más burdo de hordas primitivas carentes de razonamiento y en total degradación, condenadas a la autodestrucción, con la única alternativa propia del escorpión: inocularse su propio veneno para fenecer.

JOHN HENRY VÁSQUEZ CALDERÓN

Pronunciamiento del Comité Nacional de Representantes Profesorales

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE REPRESENTANTES PROFESORALES SOBRE LA DETENCIÓN DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL BELTRÁN VILLEGAS, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El CNRP de la Universidad Nacional de Colombia rechaza de la manera más enfática la arbitraria detención en México del doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas y su posterior deportación a Colombia en medio de constantes maltratos. Una vez en el país, violando el principio de presunción de inocencia, el profesor Beltrán ha sido condenado de antemano por las autoridades, los medios de comunicación y señalado de terrorista por el propio señor presidente de la República.
El CNRP manifiesta su desconfianza frente a la manera como ha sido presentada ante la opinión pública nacional e internacional la trayectoria académica e investigativa del profesor Beltrán, las acusaciones formuladas y el trato violento al cual ha estado sujeto, y reclama el debido proceso y el derecho de presunción de inocencia. Vemos con preocupación, en estas acusaciones y en la proliferación de amenazas contra profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, una nueva campaña contra las comunidades académicas deliberativas que abogan por la defensa de los derechos humanos y el respeto de los valores democráticos de los sectores sociales en nuestro país.
En tal sentido, el CNRP de la Universidad Nacional, se suma a las solicitudes que han realizado diversas instancias académicas de la universidad, así como aquellas que han sido suscritas por profesores e investigadores de universidades nacionales e internacionales en el sentido de garantizar los derechos que, como persona y como ciudadano, se le deben conceder a Miguel Ángel Beltrán de acuerdo a la Constitución y las leyes colombianas.
También exige a los medios de comunicación una información objetiva e imparcial lo que implica rectificar la información publicada que no corresponde a la verdad la cual afecta a la comunidad académica universitaria en su conjunto.

Comité Nacional de Representantes Profesorales
5 y 6 de Junio de 2009

Plan binacional, expulsión de Beltrán Villegas

Revista Contralínea
14 de Junio de 2009

La expulsión del académico Miguel Ángel Beltrán Villegas el 22 de mayo es para analistas y defensores de derechos humanos una alianza entre los gobiernos de México y Colombia. Desde 2008 se acopló el marco judicial para “enfrentar amenazas mutuas”. Antes de ser detenido, lo seguían con una cámara fotográfica. Fue víctima de un plan binacional y las razones de su detención y su supuesto vínculo con las FARC no se sostienen, aseguran

Paulina Monroy / Nydia Egremy

Una cámara fotográfica oculta siguió al colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas al salir la mañana del 22 de mayo hacia el Instituto Nacional de Migración (INM). Él confiaba en que al fin sería resuelto el trámite que gestionaba en esa dependencia desde nueves meses atrás. La lente captó su paso por Copilco vestido de camisa a cuadros y chamarra azul.

Horas después, su rostro era cubierto y él empujado hacia la camioneta. Lo conducían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser expulsado. Lo declararon ilegal, pese a tener toda su documentación en regla, para que después lo acusaran de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mientras observan las imágenes de la constante y rigurosa vigilancia contra el académico, defensores de derechos humanos, colegas, alumnos y compatriotas se preguntan: ¿Quién en México tiene la capacidad para ordenar esa operación de rastreo? y ¿Por qué? Las interrogantes aún no tienen respuesta. La sucesión de fotografías, ahora divulgadas, dan cuenta del acecho y fortalecen la hipótesis de que la deportación “se preparó con anterioridad”.

Elba Coria Márquez, subcoordinadora de defensoría de Sin Fronteras, IAP, organización que pugna por los derechos humanos de migrantes y refugiados, reclama: “¿Por qué hacer todo un proceso de rastreo de sus actividades por más de ocho meses si (las autoridades migratorias) sabían dónde vivía? ¿Por qué hacer algo así?”

Aquel 22 de mayo, Beltrán Villegas fue citado en las oficinas generales del INM, en Homero 1832, colonia Los Morales Polanco. Recibiría respuesta a su cambio de condición migratoria, solicitado desde agosto de 2008. Dos días antes se le dijo que la Comisión de Investigación Especial (antes Comisión de Seguridad, que cambió de nombre por el recelo que suscitaba) revisaba su caso. Al parecer, alegaban que tenía un homónimo mexicano y ello retrasaba la resolución. Hasta esa fecha, el maestro en ciencias sociales y doctor en estudios latinoamericanos realizaba una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cerca del medio día, el docente fue hacia la oficina de Jorge Ángel Verona Bátiz, subdirector de No Inmigrantes e Inmigrantes del INM. Su destino quedó en manos de las autoridades y sus allegados no lo volvieron a ver. Ni a Jorge Becerril, asesor jurídico designado por la UNAM, ni a la compañera de Beltrán se les permitió la entrada a la reunión. Minutos después lo escucharon gritar desde el otro lado de la pared. En seguida vieron a agentes que llevaban a una persona hacia la puerta trasera, donde lo esperaba una camioneta de color blanco y dorado.

Personal del Instituto les comentó que un funcionario “se puso mal”. Con tono tranquilizador, se les aseguró que el doctor Beltrán se encontraba en el primer piso “a disposición de Control y Verificación Migratoria”. Una hora más tarde, el tono cambió a imperativo para indicarles que Miguel Ángel Beltrán había sido trasladado a la Estación Migratoria de Iztapalapa porque tenía “un requerimiento judicial en Colombia” y que no se les podía brindar más información.

Al desasosiego y sorpresa iniciales siguió la elección de medidas para localizar a Miguel Ángel; ya entonces sabían que él no estaba en la Estación Migratoria y que nunca fue llevado ahí. Dudaban entre acudir a la embajada colombiana para denunciar su detención o recurrir a un organismo no gubernamental para exigir su aparición. Hacia las dos de la tarde de ese viernes 22, la compañera del académico concluía su relato en las instalaciones de la organización humanitaria Sin Fronteras, Institución de Asistencia Privada.

Cerca de las siete, el organismo publicó el amparo 541/2009 contra la “expulsión exprés” del profesionista colombiano. El recurso elaborado por especialistas legales describía que en su proceder contra el ciudadano colombiano, el INM violó sus derechos a la defensa, la legalidad, la seguridad jurídica, la audiencia, la información, al debido proceso legal, a la representación, a la comunicación e integridad física.

Según el testimonio del también profesor asociado de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia (Unal), en ningún momento se le informó de los motivos para su captura ni tampoco a dónde era dirigido: “Durante todo el trayecto se me colocó de rodillas con mi rostro pegado al asiento, como cuando un verdugo coloca a su víctima para cortarle la cabeza”.

En una carta dirigida desde “los calabozos” de la Dirección General de Policía Judicial e Inteligencia en Bogotá, Beltrán Villegas relata que en cuanto se presentó al órgano desconcentrado, cuya función es la adecuada gestión migratoria a través del respeto a la dignidad humana, se le declaró ilegal. Se le dijo que no había presentado pruebas que respaldaran su condición económica. Estas acusaciones las calificó de falsas, pues sí entregó su certificado de trabajo de la Unal y la comisión de estudios otorgada por la UNAM.

No obstante, el oficio de respuesta del INM contenía la rúbrica del académico. Señala que fue obligado a firmarlo so pretexto de dar por interrumpido el trámite. Una vez ocurrido ello se le acercaron varios funcionarios de inmigración, quienes a empellones y a la fuerza lo llevaron por un pasillo.

“Me cubrieron el rostro con la chamarra que llevaba, mientras me presionaban el cuello, lo que me causó lesiones en la región cervical y en los hombros. En varias ocasiones estuve a punto de asfixiarme, pues por la postura que llevaba no podía respirar. Fue tal la presión que vomité”.

Además de los dos o tres guardias de migración, iban con él una delegada del órgano y un médico, quienes “fueron indiferentes frente a la tortura y el maltrato”. Esposado y con la cara envuelta viajó hacia Bogotá, escoltado por dos agentes. Durante el vuelo le ordenaron que firmara otros oficios, pero se negó. Incluso, en tierra, agentes colombianos también lo instaron a seguir.

Aunque Beltrán Villegas estaba seguro que debía quedar libre, pues le asistía el derecho de su país, fue detenido por elementos del Departamento Administrativo de Seguridad. La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por “financiación del terrorismo, concierto, rebelión e instigación a delinquir”, bajo un nuevo nombre: Jaime Cienfuegos.

Cuatro días después, Teresa Montoya, directora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, explicó que Miguel Ángel Beltrán fue puesto en condiciones de cuarentena en la cárcel, porque se presumía que fuera portador del virus de la influenza A/H1N1.

El daño está hecho

“La actuación de Migración es insostenible”, expresan los abogados del caso Beltrán Villegas de Sin Fronteras. Para Coria, el caso refleja que el INM “actuó fuera de toda ley y proporción, lo que es un peligro para la seguridad nacional y pone en riesgo el estado de derecho y la persecución de los delitos”.

La experta en defensoría migratoria menciona que los funcionarios de esa dependencia utilizan “un mecanismo de manipulación que resulta peligroso” para los extranjeros que tramitan su estancia legal en el país. El INM manifiesta buena disposición para asesorarlos y, cuando tienen toda su confianza, les informan que serán expulsados.

La actuación del órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación infunde miedo, expresan los integrantes de la organización. Genera temor, dicen, no sólo entre los colombianos, sino entre miembros de otras nacionalidades por la posibilidad de ser objeto de iguales medidas de fuerza. Para Sin Fronteras se trata de una persecución contra defensores de derechos humanos, docentes y luchadores sociales.

—¿Qué viene?

—Ya no es posible regresar al profesor. El daño ya se lo causaron –dice la abogada.

—¿Fue un secuestro o una deportación?

—Fue un poco de todo. Pasaron sobre la ley.

Andamiaje legal

La versión de las autoridades mexicanas para explicar la expulsión del sociólogo osciló entre invocar violaciones a la Ley General de Población y argumentar que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja contra su presencia en México. Contralínea solicitó una entrevista al INM para conocer qué norma legal aplicó en ese caso, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.

Por ese motivo, la investigación se atuvo a las dos versiones expresadas por la dependencia. En el primer caso, la fracción quinta del artículo 37 de esa ley faculta al instituto a negar la entrada al país o cambiar la calidad migratoria de los nacionales de otros Estados “cuando hayan infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el extranjero”.

Sin embargo, Beltrán Villegas permaneció en México por varios años, siempre autorizado por el INM. Su manutención corría a cargo de la Unal, la más prestigiada de Colombia. De 1992 a 1994 estudió la maestría en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Después y hasta 1997, el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.

En mayo de 2008 se le expidió visa para regresar a México como estudiante del postdoctorado. Eso ocurrió tres meses después de la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, sin consentimiento del gobierno ecuatoriano. El operativo fue orquestado contra un “grupo irregular” de las FARC, que acampó “clandestinamente” en la frontera, como fue descrito por la Declaración de los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río del 7 de marzo de ese año.

En esa ocasión, y de acuerdo con información del gobierno colombiano, falleció el jefe guerrillero Raúl Reyes, cuyo verdadero nombre era Luis Edgar Devia. En su computadora personal se habría encontrado supuestamente que Beltrán Villegas ostenta como nombre de guerra el de Jaime Cienfuegos. Aún así, este colombiano ingresó al país y con frecuencia visitó las instalaciones del INM sin que las autoridades migratorias lo apercibieran por faltas a la ley.

El otro argumento apuntó a una alerta roja de la Interpol. La colaboración mexicana con ese cuerpo policiaco está formalizada por acuerdos de cooperación y convenciones internacionales. La organización emite un aviso electrónico que “contiene detalles de la identificación e información judicial sobre los criminales más buscados”, según su sitio oficial.

De esta manera la alerta roja que llega a los países “tiene valor legal para servir como base a un arresto provisional y –agrega Interpol– pretende ayudar a la policía a identificar o localizar a estos individuos con vistas a su arresto y extradición”.

Sin embargo, la versión del gobierno mexicano no abundó en el aspecto transitorio, por lo que especialistas en derecho aluden a la forma en que Beltrán Villegas salió del país como “expulsión exprés”. La abogada Coria Márquez expone que Interpol advierte en sus avisos que los detenidos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario.

Otra norma a la que debieron apegarse es el Tratado de Extradición entre México y Colombia. Aunque vigente, data del 4 de octubre de 1937 y fue rubricado por Genaro Estrada, subsecretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Cuervo Márquez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en México.

Setenta y dos años después, el convenio dejó de satisfacer las necesidades de ambos Estados, como se hizo ver en la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia.

Era el 11 de noviembre de 2008 y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas Rosas; el ministro colombiano de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, y el fiscal general de esa nación, Mario Inguarán Arana, plantearon la necesidad de revisarlo y actualizarlo. El viernes 22 de mayo, los términos originales del tratado se mantenían vigentes cuando México expulsó a Beltrán Villegas.

Su artículo primero obliga a las “altas partes contratantes” a entregar personas acusadas o condenadas por delitos cometidos en la jurisdicción de una de las partes contratantes. El segundo describe qué delitos punibles merecen una pena no menor de un año de prisión, mientras que el séptimo prevé que toda demanda de extradición debe hacerse por “personal diplomático o a través de los representantes consulares de mayor categoría”.

Más adelante, la disposición 12 establece que los dos gobiernos se informarán “telegráficamente” o por conducto de sus agentes diplomáticos o consulares. El gobierno requerido procurará aprehender provisionalmente al reo y lo mantendrá bajo custodia sin exceder 60 días, “en espera de que se presente la demanda formal de extradición”.

En el caso de Miguel Ángel Beltrán, el INM no invocó ninguna solicitud de extradición, por lo que el juez noveno de Amparo Penal del Distrito Federal pidió que se suspendiera su deportación. Por ese complejo entramado que tejieron las autoridades migratorias contra el ciudadano colombiano, los especialistas legales de Sin Fronteras estiman que “actúan peor que si fueran Ministerio Público”.

Liberar a Beltrán Villegas

Con el lema “De nuestra comunidad se lo llevaron, en nuestra comunidad lo queremos”, el Comité por la Libertad de Miguel Ángel Beltrán Villegas, formado por alumnos y docentes del Cela, se manifestó frente a la embajada de Colombia el 28 de mayo.

En su comunicado expresa: “Hoy las paredes de la universidad, sus pasillos, su memoria están marcados por un acto de injusticia y nos recuerda todos los días una vertiginosa ausencia, la de un miembro de nuestra comunidad que no está entre nosotros, porque permanece detenido ilegalmente. Sus crímenes: reflexionar, creer que el mundo puede ser otro y que una vía para lograrlo es el pensamiento crítico”.

Daniel Inclán, integrante del comité, recuerda del académico su interés por el diálogo y la discusión. Es –describe– un hombre callado, tímido y muy trabajador: “Si había alguien a quien se le podía preguntar sobre teoría sociológica latinoamericana, era a él”.

Su inquietud por las transformaciones sociales llevó al académico a estudiar la transición presidencial durante el cardenismo. El historiador y próximo doctor en estudios latinoamericanos cuenta que por esa investigación recibió una mención honorífica. Beltrán Villegas también se involucró en la coordinación de eventos, como el festejo del natalicio del intelectual dominicano Juan Bosh.

Para Inclán, el sociólogo fue la presa perfecta para las intenciones del gobierno colombiano. Entre los factores que, considera, detonaron su expulsión, está el que su estancia en México coincide con las juntas de paz celebradas en el país durante la década de 1990. En esa época, simpatizantes de la organización fueron invitados a espacios como la UNAM y hasta el propio Senado; incluso, hasta 2002 funcionó una oficina del grupo de manera legal en territorio nacional.

El entrevistado suma que Beltrán Villegas sea docente y que sea autor de artículos en las revistas de sociología, historia y análisis políticos, donde critica la política y actuación del Estado en el conflicto con las FARC. Sin embargo, el también analista no se pronuncia por ninguna de las partes.

En su opinión, el proceso fue un juego de tretas. Arguye que de ser cierto que lo buscaban desde hace más de un año, siendo empleado público, les hubiera sido fácil identificarlo, además de que en numerosas ocasiones se le permitió entrar y salir de su país.

Otra irregularidad, añade: el hallazgo del que dicen es su alias en la computadora del jefe guerrillero Raúl Reyes, encontrada en Sucumbíos: “Son documentos en formato Word, de los que no se puede comprobar quién los envío y a quién fueron destinados. Por una asociación extralógica y por un ‘trabajo de inteligencia’ determinaron que Cienfuegos es Villegas. Son argumentos inaceptables”.

Mientras la rectoría de la UNAM solicitó una explicación al INM para que explicara el procedimiento de expulsión, la exigencia es más contundente en el Cela: “Negamos las acusaciones en la medida que conocemos el trabajo de Beltrán Villegas y por eso demandamos una aclaración y su restitución”.

Subraya que la importancia de defender este caso reside en que no sólo se atacó a un compañero, sino a toda una comunidad: “Cuando atacan a uno, atacan a todos. Cuestionan la actividad que realizamos con actos políticos tan explícitos y de censura. Violentan nuestra vida cotidiana y ejercicio profesional. Es indispensable responder a cualquier violación y es necesaria una respuesta contundente, rápida y masiva”.

El objetivo: la reelección de Uribe

David Inclán, historiador y candidato a doctor en estudios latinoamericanos en el Cela de la FCPS de la UNAM, expone que el proceso contra Beltrán Villegas está inserto en la promoción de Uribe como el “pacificador de Colombia”, y ello calza bien con las intensiones de reelección del mandatario. Recibe apoyo de la comunidad internacional, cuando ha alentado la violencia social y económica: “Son los bastiones del neoliberalismo que defienden México y Colombia”.

Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, detalla el clima político en que Beltrán fue arrestado: “Con Álvaro Uribe ha habido más de 8 mil detenciones masivas y arbitrarias. De ese universo, el 95 por ciento ha sido liberado, porque es parte de la política de estigmatización del gobierno colombiano”.

El activista comenta que se abren procesos penales contra investigadores sociales como le ocurrió al sociólogo Alfredo Molano; los periodistas Daniel Samper, Hollman Morris; el director del diario Voz, Carlos Lozano; el dirigente conservador Álvaro Leyva, y la senadora Pilar Córdoba.

La “racha de detenciones y acoso” incluye a líderes sociales y a quienes trabajan en iniciativas de paz. Observa que son judicializados quienes critican la política del gobierno. Lo traduce como parte de la política de desinstitucionalización de Colombia, ligada con grupos criminales paramilitares.

“Digamos entonces que esta situación que enfrenta el profesor Miguel Ángel Beltrán se inscribe en una tendencia de ilegalidad. El Estado colombiano se ha puesto al margen de la ley y ha roto todos los cánones de legalidad y constitucionalidad en el país”.

—¿Qué pasará con la causa en su contra?

—Lo que siempre pasa. Quieren hacerle daño, castigarlo por sus opiniones. En el país, prácticamente ya se tipificó el delito de opinión. Se les detienen de seis meses a un año, luego los sueltan, alegando que no encontraron méritos para mantenerlos arrestados.

Para el luchador social, el verdadero propósito es la estigmatización pública, mostrarlos como criminales. Advierte que, una vez que se produce un daño como éste, es difícil remediarlo.

Todas las detenciones obedecieron a “montajes judiciales”, planeados entre los servicios de inteligencia del Estado y la Fiscalía General de la Nación.

Jairo Ramírez persiste en lanzar un llamado apremiante desde Bogotá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al relator de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para “derrotar la política de detenciones arbitrarias”.

Hasta ahora, persiste el secreto en torno al autor del seguimiento fotográfico contra Miguel Ángel Beltrán en México, así como el nombre del funcionario y la dependencia que autorizaron esa misión.

La carrera de Beltrán Villegas (estudios y títulos obtenidos)

* Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
* Realizó estudios de doctorado en historia en la Universidad Iberoamericana
* Maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
* Realizó estudios de magíster en historia en la Universidad Nacional de Colombia
* Licenciado en sociología por la Universidad Nacional de Colombia
* Licenciado en ciencias de la educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Actividades laborales y de investigación

* Distinción a la Excelencia Docente en la Universidad de Antioquia
* Profesor asociado en el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia
* Coordinador del grupo de investigación América Latina: Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social en la Universidad Nacional de Colombia
* Miembro del grupo de investigación Cultura Política y Desarrollo Social del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia
* Investigador del proyecto La sociología desde la Universidad: balance de dos décadas de creación y desarrollo de los programas académicos en Medellín (1958-1978)

Publicaciones

* Artículos en: Revista Colombiana de Sociología, Contrahistorias, Memoria, Civilización, Anuario Latinoamericano, Le Monde Diplomatique, Wifala, Historia de Colombia y la Revista Venezolana de Sociología y Antropología
* Autor de “México: Revolución, hegemonía priista y ¿transición?” en el libro ¿Hacia dónde va América Latina?, y coautor en la investigación sobre la historia de la sociología en Colombia



El artículo de Beltrán Villegas

Miguel Ángel Beltrán Villegas estudió y analizó las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sus defensores dicen que no se pronunció por ninguna postura política y era partidario de la tercera vía para solucionar el conflicto.

En su escrito “La guerra en Colombia: pasado, presente y futuro inconcluso”, incluido en el libro En Colombia sí hay guerra, el docente advierte que si no se encuentran caminos para una solución negociada del conflicto, donde el diálogo político sea el centro de reflexión, se puede derivar en una confrontación generalizada y en una guerra sin límites que involucre a más grupos de la sociedad.

“La confrontación y la evolución del conflicto político armado –explica– han llevado cada vez más a un debilitamiento de lo político como negociación, acuerdo y búsqueda de consenso. Pero adicionalmente también a un desgaste de las organizaciones armadas que se manifiesta en la pérdida de legitimidad y credibilidad política de la guerrilla dentro de la población”.

Refiere que en las décadas de 1960 y 1970 la clase política, desde el Estado mismo, trató de acabar con las expresiones diferentes a los dos partidos tradicionales. A ese fenómeno de exclusión política y social se aúna la creciente militarización, el uso recurrente del estado de sitio y la criminalización social. Lo que impidió “la expresión fluida de los conflictos sociales y el bloqueo de reformas sociales y económicas que el país reclamaba”.

El artículo, del que es coautor con Luis Javier Robledo Ruiz y que fue publicado en la colección Insumisos Latinoamericanos, en Libros en Red, identifica a partir de esos elementos, el desarrollo del movimiento insurgente colombiano y el surgimiento de las FARC en 1964.

De 1998 a 2002, describe, el país tuvo una gran oportunidad histórica de encontrar caminos que condujeran a una solución política a la confrontación armada: “Sin embargo, la ceguera de las elites políticas y económicas y la incapacidad del movimiento insurgente de valorar el clamor nacional de amplios núcleos de la población que reclamaban un cese del conflicto armado impidieron que ese gran experimento de paz pudiese tener una salida real a tantos años de confrontación”.

En su opinión, el gobierno de Álvaro Uribe abrió la puertas para que el conflicto se profundice y se degrade cada vez más, por cuanto ha radicalizado a los actores de la confrontación (guerrillas, paramilitares y fuerzas públicas), sin ofrecer verdaderos escenarios de diálogo.

“El modelo que ofrece hoy el Estado colombiano, para salir del conflicto, es el de una paz basada en la rendición incondicional de los actores armados, en tanto las guerrillas ofrecen una perspectiva de negociación basada en el reconocimiento de su estatus político y de su control de amplias zonas del territorio nacional”. (PM)

Jornadas Académicas por la defensa del pensamiento crítico y la libertad de pensamiento en Colombia

ARGENPRESS informa sobre la expulsión ilegal del Dr. Miguel Angel Beltrán Villegas

Toda la limpia tradición de protección al perseguido político en México, que iniciara con especial decoro y valentía el presidente, Lázaro Cárdenas del Río en 1937, de un solo plumazo o de un solo plomazo fue amortajada por el actual gobierno con el secuestro político e inmediata expulsión del académico colombiano doctor, Miguel Ángel Beltrán Villegas.

En un mundo que parecía derrumbarse en vísperas de la guerra -el fascismo y el nacionalsocialismo se apoderaban de Europa-, México se convirtió en un faro de libertad. Cárdenas decidió abrir sus puertas a los refugiados y perseguidos políticos de distintas regiones del orbe, como León Trotsky, nos recuerda el historiados Alejandro Rosas.

Con la derrota definitiva de la república española en 1939, nos reseña en pocas líneas, cientos de exiliados llegaron provenientes de la península ibérica, para encontrar un refugio seguro en México. Niños, hombres, mujeres, ancianos, profesionistas de todos los campos del saber humano encontraron un remanso de paz dentro de la sociedad mexicana. En poco tiempo se integraron a la vida cotidiana, aportando conocimientos y trabajo al país entero.

Equidistantes 70 años de que asumieron la Presidencia de la República dos michoacanos: en 1936 el general de división Lázaro Cárdenas del Río y en 2006, Felipe Calderón Hinojosa, no es sólo la distancia del tiempo los que los separa, es el sentido mismo del ejercicio del poder, el primero en el basamento del nacionalismo revolucionario y el actual en el caduco neoliberalismo, que hasta algunos algunas hegemonías han iniciado su desmantelamiento sin retorno.

Para los efectos de estas líneas, la limpia tradición humanística de México de proteger al perseguido político y facilitarle el asilo que le asegura integridad física y lo salva de toda clase de vejaciones, ha sido traicionada al expulsar del territorio nacional al doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien posee una hoja curricular impresionante, actualmente profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia y alumno de postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, bajeza para evitar un juicio de extracción, al que tenía derecho de acuerdo a nuestras leyes por el sólo detalle de haber pisado suelo mexicano.

Admirado como docente e investigador, al Dr. Villegas Beltrán le han sido imputados varios cargos sin que existan pruebas, ya que es de conocimiento público que el supuesto computador del comandante guerrillero Raúl Reyes, asesinado juntos con otros por la aviación colombiana en un refugio en la frontera con Ecuador, no constituye prueba válida, sin embargo, sigue siendo instrumento de persecución de quienes disienten o puedan disentir de la política de guerra del gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con sus colegas y amigos: en todo Estado social de derecho orientado por la garantía y el respeto de los derechos ciudadanos, se parte de la presunción de inocencia, pues se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo, bajo la política de seguridad democrática del actual gobierno, este principio jurídico ha desaparecido. Tal como lo demuestra el atropello cometido contra las garantías individuales del profesor Miguel Ángel Villegas Beltrán, no obstante que son salvaguardadas por el derecho internacional.

No fue una expulsión la de Villegas Beltrán, se trata primero de un secuestro político y luego de una entrega ignominiosa por ilegal al gobierno de Uribe. Está claro, equidistantes en todo los michoacanos presidentes, Felipe Calderón Hinojosa del partido derechista Acción Nacional y Lázaro Cárdenas del Río, el más grande y preclaro mandatario mexicano del siglo XX y de lo que va del actual, puesto que con determinación y firmeza siempre hizo escuchar la limpia voz de México en los foros internacionales para defender al perseguido y condenar, antes que ninguna otra nación, a los autores sanguinarios de toda persecución política, en esa etapa aberrante y vergonzosa de la historia mundial.

La Comisión avala el dictamen en la Cámara de Diputados para exigir explicaciones a la Secretaría de Gobernación por la expulsión del Dr. Miguel Angel

Según el dictamen avalado por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, la dependencia deberá explicar sus razones. Miguel Ángel Beltrán está acusado en Colombia de pertenecer a las FARC.

Notimex
Publicado: 09/06/2009 19:25

México, DF. La Segunda Comisión de la Comisión Permanente aprobó pedir a la Secretaría de Gobernación que informe del procedimiento migratorio que se siguió para deportar del país a Miguel Ángel Beltrán Villegas, acusado de pertenecer a las FARC.

Según el dictamen aprobado este martes, la SG, a través del Instituto Nacional de Migración, deberá explicar las razones que motivaron la deportación del colombiano el 22 de mayo pasado.

Beltrán Villegas, quien era investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es acusado por el gobierno colombiano de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que está preso en ese país.

La Jornada, México.

Académicos a nivel mundial se pronuncian por la detención del Dr. Miguel Angel Beltrán Villegas

A la opinión pública

Por la libertad de Miguel Ángel Beltrán Villegas

El pasado 22 de mayo, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de México, fue detenido, expulsado y entregado a la policía colombiana el profesor Miguel Angel Beltrán Villegas. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Maestro en Ciencias Sociales por la Flacso-México, y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Beltrán estaba por finalizar una estancia posdoctoral de un año en la UNAM, invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de nuestra máxima casa de estudios. Sus trabajos de investigación sobre la violencia política en Colombia, sus estudios sobre la historia de la izquierda latinoamericana, y sus preocupaciones sobre el creciente clima de intolerancia política en su país, le habían conducido a constituirse como una voz serena pero firme, crítica e informada sobre los excesos del autoritarismo del oficialismo político colombiano, pero también sobre las deformaciones y desviaciones de grupos como el de las FARC. Sus trabajos publicados en diversas revistas y libros documentan sus ideas y convicciones, así como su trabajo como profesor en varias universidades colombianas.
La detención y ahora el encarcelamiento del Dr. Beltrán, acusado por el propio Presidente Álvaro Uribe como uno de los “máximos dirigentes de las FARC en el exterior”, revelan una injusticia y una ilegalidad descomunales, propia de las mentalidades autoritarias, en este caso de derecha. Acusado por el Estado colombiano de ser “narco-terrorista”, el ciudadano Beltrán se enfrenta a acusaciones que no han sido probadas y las enfrenta, además, en un virtual estado de indefensión física y jurídica. La preocupante pasividad del gobierno mexicano frente a los hechos, nos revela una complicidad indignante más que una cooperación fundada en acuerdos internacionales, y confirma la pérdida del vigor diplomático y político que caracterizó a la política exterior mexicana durante un largo tiempo.
Los que suscribimos este documento, conocedores de la trayectoria académica, profesional y personal del Dr. Beltrán, hacemos un llamado a las instancias internacionales y nacionales para defender la integridad física y jurídica del acusado, y exigimos al gobierno colombiano otorgar su libertad inmediata para enfrentar en condiciones dignas las acusaciones de que ha sido objeto. El ataque a las acciones ilegales de grupos y organizaciones, no puede ser respondido con la acción ilegal del Estado colombiano frente a ningún ciudadano, y menos aún con aquellos que han ejercido con responsabilidad, rigor y convicción el libre pensamiento y la crítica a las injusticias e incapacidades políticas del gobierno colombiano. El tamaño de las acusaciones que enfrenta el Dr. Beltrán Villegas, y el oscuro procedimiento empleado para su detención y procesamiento judicial, nos llevan a pensar que estamos frente a un atropello injustificable de los derechos de un ciudadano colombiano de pensamiento libre, un profesor universitario comprometido con el desarrollo intelectual y académico universitario, y un amigo y colega que no ha hecho más que ejercer el derecho al libre pensamiento y expresión de las ideas, uno de los valores sustantivos de las democracias contemporáneas.

Adrián Acosta Silva (U. de G, México), Armando Alcántara Santuario (UNAM, México), Julián Bertranou (Escuela de Política y Gobierno, U. San Martín, Argentina), Antonio Camou (U.N. de La Plata, Argentina), Hugo Casanova Cardiel (UNAM), Martha Vicente Castro (Investigadora de la ACS, Calandria, Lima), María Cruz Mora Arjona (México), Ragueb Chain Revueltas (UV, México), Mario César Constantino Toto (UV, México), Rafael Cordera Campos (UNAM), Osmar Gonsales (Universidad Nacional de San Marcos, Lima), Jorge Hernández L (U. del Valle, Cali, Colombia), Eduardo Ibarra Colado (UAM-C, México), Alicia Lissidini (U. N. de San Martin, Arg.), Sara Makowski (UAM-X, México), Alma Maldonado-Maldonado (U. de Arizona), Norma Alejandra Maluf (Flacso-Ecuador), Dinorah Miller Flores (UAM-A, México), Mario F. Navarro (U. de Córdoba, Argentina), Imanol Ordorika (UNAM, México), Héctor Padilla Delgado (UACJ, México), Lorenia Parada A. (UNAM, México), Ricardo Pérez-Luco (U. de La Frontera, Chile) Marcela Ríos (PNUD-Chile), Fredy Rivera (Flacso-Ecuador), Manuel Rivera (U. de San Carlos, Guatemala) Roberto Rodríguez Gómez (UNAM, México), Laura Salazar (Universidad Mayor de San Andrés,Bolivia), Adolfo Sánchez Rebolledo (México), Martín Tanaka (IEP-Perú), Aníbal Viguera (U.N La Plata, Argentina), Guillermo Villaseñor García (UAM, México), Marissa Von Bülow (U. de Brasilia, Brasil), ,

Invitación a la Jornada contra la Criminalización del Pensamiento Crítico

GUANTÁNAMO EN COLOMBIA

"El "terrorismo" tiene dos caras. Hay amenazas reales y terroristas reales, pero también existe una esfera de temores sin nombre, presentimientos vagos y respuestas irracionales." De esta manera comenzaba un artículo de protesta, publicado en el diario londinense "The Guardian", de Richard Sennett (New York University, London School of Economics), y Saskia Sassen (University of Chicago, LSE), dos de los más prestigiosos sociólogos del mundo, a raíz de la detención y procesamiento judicial de Andrej Holm, docente en las Universidades Humboldt de Berlín y Göethe de Francfort. El Profesor Holm, un sociólogo crítico, había sido detenido por la fiscalía alemana en noviembre de 2007, acusado de pertenecer a un autodenominado "Grupo Militante", un grupúsculo clandestino de extrema izquierda, responsable del incendio de varios autos de las fuerzas armadas alemanas y de otras acciones. La acusación se basaba en que, mediante una investigación en Internet, la fiscalía y los organismos de inteligencia alemanes habían encontrado una similitud en el lenguaje entre artículos del Profesor Holm y los comunicados del "Grupo Militante": ambos utilizaban frecuentemente los conceptos de "gentrificación" y "desigualdad", usuales en el vocabulario de la sociología contemporánea. Adicionalmente, el Profesor Holm se había reunido en varias ocasiones con activistas sociales alemanes, sin llevar consigo su teléfono celular, lo que constituía -de acuerdo con la fiscalía y la policía- un indicio de "comportamiento conspirativo". De acuerdo con el auto de procesamiento, el Profesor Holm parece tener "la capacidad intelectual para ser el autor de textos muy sofisticados" que un grupo clandestino podría requerir pero, además, en su calidad de docente universitario y miembro de un grupo de investigación, "tiene acceso a bibliotecas, que puede utilizar de manera inadvertida para la autoría de textos" de grupos clandestinos. Finalmente, la policía planteaba que la participación del Profesor Holm en las protestas de grupos izquierdistas en la Cumbre Económica Mundial de Heiligendamm (2007) era un indicio más de su participación en actividades clandestinas, sin diferenciar entre quienes organizaban las protestas y los académicos que, como Holm, las estudiaban. Al final del artículo, los profesores Sennett y Sassen analizan la transformación del estado liberal alemán y otros estados occidentales por efecto de los ataques de 2001 en Nueva York. En estos estados, otrora modelos de un estado garantista, defensores de los derechos humanos y de las libertades individuales, antítesis de los estados autoritarios y totalitarios, ahora "gobierna el estado de excepción." Sennet y Sassen concluyen: "Si nuestro colega es efectivamente un sociólogo peligroso, debería ser acusado y procesado racionalmente. Pero, como en Guantánamo, la persecución ha tomado el lugar de la acusación y el procesamiento." Un par de meses después, la fiscalía alemana levantó los cargos contra el Profesor Holm, por falta de pruebas que lo implicasen en los actos criminales referidos.

El caso del Profesor Miguel Ángel Beltrán tiene similitudes que saltan a la vista con el caso del Profesor Holm. Un sociólogo crítico con una hoja de vida académica impecable se convierte de repente en "Jaime Cienfuegos", hombre clave del Secretariado de las FARC, gracias a unas "pruebas" de dudosa legitimidad procesal. De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, las evidencias que relacionan a alias “Cienfuegos” con las Farc fueron recuperadas de unos extensos intercambios de correos electrónicos y archivos, que reposaban en las memorias de los computadores hallados hace un año en el campamento de “Raúl Reyes”. Como es bien conocido, la Interpol realizó un informe sobre los computadores y equipos informáticos incautados en tal operación militar, que todos citan de oídas o por lo que los medios de comunicación colombianos (des)informaron, pero nadie ha leído. En el Informe, "Interpol's Forensic Report on FARC computers and hardware seized by Colombia", que puede consultarse en su página de Internet y accesible en 4 idiomas (http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2008/pdfPR200817/Default.asp), se llega a varias conclusiones, algunas de las cuales merecen consideración para evaluar la legitimidad de tales pruebas como parte de una incriminación criminal. Concluye la Interpol (citaré la versión en castellano), entre otras cosas:
a) "La precisión y el origen de los archivos de usuario contenidos en dichas pruebas quedan y han quedado siempre fuera del alcance del análisis informático forense de INTERPOL." (p. 7) En otras palabras, la Interpol no puede determinar si tales computadores y equipos informáticos pertenecían a "Raúl Reyes" ni quiénes podrían ser sus autores.
b) En la Conclusión No. 2b se plantea: "Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley." (p. 8) El mismo Informe, que es en principio de carácter meramente técnico, plantea un posible problema sobre la validez procesal de dichas pruebas: "Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas." (p. 31)
c) Como consecuencia de lo anterior, se crearon, modificaron y suprimieron 40.055 archivos (p. 32ss)

En suma, existen dudas razonables sobre la validez jurídica y procesal de estas pruebas, que parecen ser las determinantes para la incriminación que se ha hecho al Profesor Beltrán, de acuerdo con las declaraciones del propio Fiscal General de la Nación. Esto, sumado a las condiciones manifiestamente ilegales en que ocurrió la deportación del Profesor Beltrán (como han denunciado intelectuales, políticos opositores y comisiones de derechos humanos mexicanos), nos llevan a pensar que no estamos ante una investigación racional, con pruebas y procedimientos ajustados a las leyes y a las garantías constitucionales propias de un Estado de Derecho liberal sino, mas bien, ante un caso de persecución irracional. En la teoría constitucional liberal se plantea que el respeto a los derechos y garantías fundamentales, de un lado, y la división de poderes, de otro, constituyen los dos elementos básicos de un estado democrático de derecho, los que permiten diferenciarlo de un estado autoritario o totalitario. En este caso, garantías constitucionales básicas como la presunción de inocencia, el debido proceso y el imperio de la ley parecen ser letra muerta. Del mismo modo, la investigación judicial parece servir como instrumento de dudosos intereses políticos del poder ejecutivo.

A diferencia de la República Federal de Alemania, Colombia ha vivido la mayor parte de su vida contemporánea en un "Guantánamo permanente", en el que las razones de estado y el combate (por medios legales y extralegales) a los enemigos políticos han primado sobre lo que el constitucionalista alemán Carl Joachim Friedrich denomina el principio básico del constitucionalismo, esto es, la dignidad humana. En esto yace el fundamento de la superioridad ética de un estado democrático de derecho cuando se le compara con un régimen dictatorial. Los defensores del orden constitucional desarrollado en la Carta de 1991 y los intelectuales críticos que defienden un orden democrático y justo, que es hoy en Colombia un proyecto político, una utopía, deben permanecer vigilantes. Existen razones fundadas para pensar que aquí se trata de un caso de persecución o, como planteaba Otto Kirchheimer, de "justicia política".


Andrés Hernández Vásquez
Abogado, Licenciado en Filosofía y Letras,
Candidato a Doctor en Ciencias Políticas
Universidad de Maguncia, República Federal de Alemania

Carta del sociólogo alemán Andrej Holm contra la expulsión ilegal del Dr. Miguel Angel Beltrán Villegas

El 22 de mayo, el doctor en sociología Miguel Ángel Beltrán Villegas, que se encontraba realizando estudios en la UNAM, México, fue expulsado de México a Colombia, donde se le detuvo acusándolo de pertenecer a la guerrilla colombiana de las FARC. La poca información disponibles en Alemania nos demuestra que se trata de otro caso de criminalización escandalosa de científico/as critico/as en nombre de la supuesta “lucha contra el terrorismo”.
La expulsión y posterior detención del Dr. Miguel Ángel Beltrán fueron realizadas con base en una evaluación - controvertida hasta en organismos policíacos internacionales (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28110/1.html) - de archivos digitales que se adscriben a un comandante de la FARC. Se le acusa de una supuesta “infiltración” de círculos académicos en América Latina para someterlos al liderazgo de las FARC. El hecho que se cite sus investigaciones científicas sobre la guerra civil, que Colombia sufre desde hace medio siglo, como indicios para inculparlo demuestra que se trata de un intento de criminalizar un trabajo científico incómodo para el estado. Por ello, me sumo al pedido de una liberación inmediata del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas.
En los últimos años, también en Europa han sido encarcelados varios/as científicos/as bajo la sospecha de actividades terroristas. En mayo de 2008 se detuvo a dos científicos de la Universidad de Nottingham, haciendo uso del “Terrorism Act” de Gran Bretaña, y amenazando con su deportación. La causa de ello fue que habían utilizado materiales legalmente accesibles para una investigación sobre Al-Quaeda (http://freehicham.co.uk/about-2/). En el mes de noviembre de 2008 fueron detenidos diez personas en la ciudad francesa de Tarnac, en el marco de unas llamadas investigaciones “anti-terroristas”. Uno de los detenidos es el filósofo francés Julien Coupat, que pasó más de seis meses en prisión preventiva. Las razones de su detención fueron la sospecha de que Coupat había publicado un libro calificado de “extrema izquierda”, “L'insurrection qui vient” (La insurrección venidera); además, la supuesta participación en un acto de interrupción del transito de trenes, que nunca pudo ser comprobada (http://tarnac9.noblogs.org/). Julien Coupat fue liberado por falta de pruebas.
En julio del año 2007, yo mismo fui detenido por supuestamente ser la “cabeza intelectual” de una “asociación terrorista”. También en mi caso, los indicios presentados en mi contra fueron mis investigaciones científicas, así como mi convicción de izquierdas, que por cierto jamás he escondido. Entretanto, el Bundesgerichtshof (suprema corte de justicia de Alemania) anuló mi detención y negó que hubiera una “sospecha fundada” de mi participación en un grupo “terrorista”.
Durante todos esos juicios fueron científico/as y sus métodos de trabajo los que se encontraban en el foco de las investigaciones policíacas. No podemos permitir que se sacrifique la ciencia crítica en el altar de la “guerra internacional contra el terror”.
La expulsión por parte de las instituciones mexicanas del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas a Colombia, país en el cual seguimos presenciando graves violaciones de los derechos humanos, carece de cualquier sustento legal. Protesto en contra de esta expulsión ilegal realizada por el gobierno mexicano. Así mismo, exijo el respeto a la integridad física y psicológica del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas y su retorno inmediato a México.

Dr. Andrej Holm
Instituto de Geografia Humana (Institut für Humangeographie)
Universidad de Frankfurt am Main

Cuenta Bancaria en apoyo al Dr. Miguel Angel Beltrán Villegas

A pedido de varios amigos de Miguel Angel, se abrió una cuenta bancaria en Colombia, donde se podrán depositar los apoyos monetarios que cada persona pueda realizar.

Banco Davivienda - Colombia
A nombre de: David Beltrán Villegas
Cuenta de ahorros: 000500064472

(En poco tiempo esperamos tener una cuenta bancaria que facilite las transferencias internacionales).

Pronunciamiento del Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social de la Universidad de Antioquia

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

LOS FALSOS POSITIVOS CONTRA LA ACADEMIA Y LA INTELECTUALIDAD

RECHAZO A LA DETENCIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS

El Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social, adscrito al Centro de Investigaciones Sociales CISH de a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, rechaza de manera categórica la deportación irregular de México y luego la detención arbitraria en Colombia del docente e investigador, sociólogo Miguel Ángel Beltrán Villegas, miembro destacado y activo por muchos años de nuestro Grupo de Investigación; así mismo ha sido uno de los artífices en la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos “José Martí”, como uno de los proyectos académicos bandera del Grupo de Investigación. Con el propósito de posicionarlo y proyectarlo a la comunidad nacional e internacional hemos estado trabajando activamente con el profesor Miguel Ángel para efectuar intercambios académicos con la Unam y otros centros académicos Mexicanos, los cuales se pretendían concretar el próximo mes de octubre con la realización de un seminario internacional sobre América Latina: Escenarios, realidades y visiones de su presente.
La detención arbitraria por parte del Instituto de Extranjería Mexicana y la posterior deportación a Colombia del profesor Beltrán marcan el desenlace de más de un año de dilaciones y negativas de las autoridades mexicanas por regularizar la estadía de profesor Beltrán en su calidad de aspirante al postdoctorado, y es el comienzo de un proceso abierto por el gobierno colombiano contra éste catedrático con acusaciones y señalamientos temerarios que colocan a este destacado docente e investigador, como reo de una delirante política de seguridad nacional, que ahora no satisfecha con colocar el la picota pública a importantes sectores sociales y políticos opositores de las decisiones gubernamentales, pretende convertir a la inteligencia académica del país en su nuevo objeto de persecución y estigmatización, no solo de las cualidades intelectuales y profesionales de quienes cumplen labores investigativas y docentes en centros de educación superior, sino también de quienes tienen la noble tarea de promover el pensamiento y la critica en las fronteras de una disciplina, que como la sociología, está llamada a abrir espacios de reflexividad y razonamiento de nuestra maltrecha realidad nacional.
Nos preocupa que la detención del doctor Miguel Ángel Beltrán y su enjuiciamiento público por parte del alto gobierno, sin que mediara un proceso jurídico, haga parte de una nueva oleada de señalamientos, estigmatizaciones, persecución y judicialización de intelectuales y estudiosos de la disciplina sociológica, que en su labor investigativa y académica universitaria, asumen compromisos con el pensamiento y la verdad.
Quisiéramos creer como profesores e investigadores universitarios, y como sociólogos de profesión, que esta retención del colega y amigo, profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, no sea el inicio de una variante de los falsos positivos, tristemente conocidos en la reciente realidad nacional, pero esta vez con imputaciones y condenas públicas contra la inteligencia académica nacional.
Reconocemos en el profesor Beltrán Villegas a un académico, a un investigador de la historia y las ideas de Colombia y América Latina, así como también vemos en su trabajo pedagógico un decidido interés por orientar a las jóvenes generaciones en el conocimiento de las teorías sociológicas con el fin de comprender nuestra difícil y convulsionada situación nacional.
Nos sumamos al eco de cientos y miles de profesionales de las ciencias sociales, profesores universitarios, investigadores y estudiantes de Colombia, América Latina, Europa y Norteamérica que han levantado su voz para repudiar la detención arbitraria del doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas, y para exigir a las autoridades colombianas las garantía procesales ajustadas al derecho, y el respeto a la vida humana e intelectual del detenido.
Rechazamos el enjuiciamiento previo realizado por el presidente Uribe, el General Naranjo y el Fiscal General Iguarán, quienes junto con los medios de comunicación no han dudado en señalar y acusar al profesor Beltrán, sin respetar el derecho de todo ciudadano de la presunción de inocencia consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional.
Exigimos se le restituyan los derechos del profesor Beltrán Villegas y le sea devuelta su libertad para bien del pensamiento, la academia y la labor magistral en Colombia.

Firman, miembros del Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social.

Medellín, mayo 28 de 2009

PRONUNCIAMIENTO DE LA FLACSO - ECUADOR

Quito, 3 de Junio de 2009


COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA


El Doctor Miguel Ángel Beltrán, se encontraba realizando su estancia posdoctoral en la UNAM, cuando fue expulsado de manera ilegal de ese país, trasladado a Colombia en medio de una serie de irregularidades, y presentado ante los medios de comunicación como “alias Jaime Cienfuegos” guerrillero de las FARC-EP.

Miguel Ángel Beltrán es Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en México y magíster en Historia y sociólogo de la Universidad Nacional. Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un intelectual que a lo largo de toda su carrera ha obtenido los más altos reconocimientos por su dedicación y la excelencia de su producción académica.

Como es de conocimiento público, tanto en la detención y expulsión de Miguel Ángel en México, como en el proceso jurídico que se le está adelantando en Colombia, se han presentado toda una serie de irregularidades. En México, fue expulsado obviando el proceso de extradición, primero porque no existe una condena en su contra, segundo porque la legislación mexicana prohíbe la extradición por delitos políticos y conexos. En Colombia, por otro lado, se ha violado de manera flagrante el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto al buen nombre, al haber sido presentado, tanto por las autoridades colombianas como por los medios de comunicación, como un peligroso terrorista, sin que exista un dictamen judicial que justifique tal afirmación.

Esto se da en un contexto en el que cada vez mas intelectuales y académicos están siendo judicializados, como represalia por su posicionamiento ético y crítico ante la dramática realidad colombiana -además de las constantes persecuciones políticas a sindicalistas, indígenas, estudiantes y organizaciones de derechos Humanos-. Se advierte del riesgo y vulnerabilidad de los académicos que centran sus atenciones investigativas en temáticas como el conflicto y la violencia en diversas sociedades latinoamericanas.

Con esta adhesión nos unimos al llamado internacional que expresan múltiples organizaciones de intelectuales e instituciones académicas, dirigido a todas las autoridades competentes, a las organizaciones de derechos humanos, a la comunidad académica internacional y a la sociedad civil colombiana, para tomar todas las medidas necesarias que garanticen la libertad y protección de Miguel Ángel, restituyendo de inmediato sus plenos derechos y realizando las rectificaciones del caso.


Firmamos
Franklin Ramírez Gallegos
Docente FLACSO-Ecuador

Valeria Coronel
Docente FLACSO-Ecuador

Guilloume Long
Docente FLACSO-Ecuador

Soledad Vares
Antropóloga
Investigadora FLACSO-Ecuador

Juan Viteri
Antropología visual
Docente FLACSO-Ecuador

Isabel Ramos
Comunicadora
Docente FLACSO-Ecuador

Luciano Martínez
Sociólogo
Docente FLACSO-Ecuador

Fernando García
Antropólogo
Docente FLACSO-Ecuador

Felipe Burbano
Sociólogo
Docente FLACSO-Ecuador

Marco Villareal
Periodista
Docente FLACSO-Ecuador-Universidad Central

Jorge Andrés Cancimance López
Trabajador Social
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Jorge Forero
Sociólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Otto Colpari Cruz
Sociólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Rocio Orlando
Periodista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Ana María Carillo
Artista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Gabriela Navas
Arquitecta
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Andrea Robertsdotter
Artista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Sofía Cordero
Politóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Cristina Mogollón
Comunicadora
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Fernando Torres
Abogado
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Tania María Fernández
Comunicadora
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Susan Velasco
Comunicadora Social
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Mayra Moreno Barajas
Antropóloga Visual
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Jairo Arcos
Estudios de la ciudad
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Miguel Rivera
Antropología visual
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Álvaro Mantilla
Psicólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Jaime Guerrero
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Bolívar Lucio
Sociólogo
Editor FLACSO-Ecuador


Ana Rowao
FLACSO-Ecuador


Luis Alberto Terajo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Ruth García González
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Ana Luz Ávila
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Alejandra Espinosa
Psicóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Jaime Sánchez
Artista Visual
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Anna Schmitt
Socióloga
Universidad de Egra vald´Essomme, Francia

Sandra Patricia Pedraza
Socióloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Priscila Salas
Socióloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Verónica Velásquez
Trabajadora social
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Gabriel Villafuerte Manzano
Diplomático
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Carlos Ortega
Politólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


René Escobar
Sociólogo
FLACSO-Ecuador

Cristobal Bosmato
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Jesús Albujo
FLACSO-Ecuador

Giovanny Pucha
Agrónomo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Yolanda Alfaro Aramayo
Socióloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Leidy Marcela Reyes
Ecóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Paola Valenzuela
Geógrafa
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Harvey Criollo
Sociólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Edgar Molina
Ambientalista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Patricia Riva
Antropóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Jimena Sasso
Politóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Carlos Mauricio Calpa
Economista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Camilo Mongua
Licenciado en Ciencias Sociales
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

David Zaldumbide Rueda
Economista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Marcia Ushiw
Sociología
Universidad Central del Ecuador

María Laspina
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Francisca Luengo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador


Martha Auzaga
Socióloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Camilo Marquez
Sociólogo
Investigador FLACSO-Ecuador

Juan Pineda Medina
Biólogo-sociólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Carlos Morales
Licenciado en turismo histórico
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Sofía Gordon
Licenciado en turismo histórico
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Sergio Ernesto García
Politólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Violeta Montellano
Antropóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Adrian Cornejo
Sociólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Alexei Páez
Politólogo
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Lama Alibrahim
Socióloga
Asistente FLACSO-Ecuador

Elena Galvez
Historiadora
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Elba Maldonado
Gestora local
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Antonio Villarivel
Economista
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Eduardo Albán
Comunicador Social
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Paola Floril
Socióloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Elsa López
Biblioteca FLACSO-Ecuador

Ricco Recoina
Antropóloga
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

María Alejandra Auza
Comunicadora
Estudiante de maestría FLACSO-Ecuador

Oscar Raul Ospina
Politólogo
Investigador y consultor