México-Colombia: colaboración preocupante

La Jornada, 24 de mayo - 2009

El pasado viernes, luego de ser arbitrariamente detenido por autoridades migratorias mexicanas, y tras permanecer incomunicado en una sede del Instituto Nacional de Migración en la capital del país, el sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, residente de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue deportado a su país de origen, en donde se le vincula con el desaparecido líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y se le acusa de formar parte de la comisión internacional” de esa organización político-militar. Ayer, luego del arribo de Beltrán a Colombia, el presidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez, manifestó su gratitud al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por la captura del académico, a quien se refirió como “uno de los terroristas más peligrosos”.

Es inevitable señalar, por principio de cuentas, que las acusaciones que se fincan en contra del académico deportado constituyen un episodio más de la saga que se inició con el bombardeo criminal lanzado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008, en donde murieron 25 personas, entre las que se cuentan el mencionado Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos. En días posteriores a la matanza de Sucumbíos, el Palacio de Nariño incurrió en una cadena de mentiras e inconsistencias: primero se afirmó que en el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; posteriormente se aseguró que los soldados sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia; después se comprobó que insurgentes y civiles fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían. Adicionalmente, en el contexto de este ataque se produjo el hallazgo de unas inciertas computadoras portátiles del líder rebelde muerto, con base en las cuales el gobierno de Bogotá ha señalado, entre otras cosas, la existencia de “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, aseveraciones que hasta ahora no han sido probadas.

Tales antecedentes, en conjunto, restan verosimilitud a las acusaciones en contra del académico colombiano, sustentadas también en documentos encontrados en los ordenadores de Reyes. En cambio, el hecho que se comenta tiene toda la apariencia de un montaje elaborado por la administración uribista, que pareciera prefigurar una campaña de persecución política en contra de focos críticos, similar a la que se emprendió en su momento en contra de dirigentes políticos, sociales y sindicales, y que tiene como inocultable telón de fondo la actual búsqueda del presidente colombiano por lograr los ajustes legales que le permitan contender por una nueva relección.

Por lo que hace al gobierno mexicano, al hacer posible una detención arbitraria y una expulsión realizada sin proceso legal de por medio, la administración calderonista sienta un precedente por demás alarmante, sobre todo para otros académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían, por tanto, estar incorporados en la “lista negra” de Bogotá.

Al mismo tiempo, el calderonismo –supuestamente preocupado por la legalidad y la vigencia del estado de derecho– hace un flaco favor a su imagen al mostrarse cercano y complaciente con un personaje que ha sido acusado de tener una historia política y familiar añejamente vinculada con capos de la droga (como se asienta en documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, que recogen testimonios de Virginia Vallejo, ex amante del fallecido líder del cártel de Medellín Pablo Escobar); que ha sido señalado por haber promovido la conformación de organizaciones paramilitares y por haber recibido apoyo de éstas y de lavadores de dinero del narcotráfico para sus sucesivas campañas electorales, y cuya política de “seguridad democrática” ha sido objeto de duras críticas, entre otras cosas por la revelación de los llamados “falsos positivos”: la presentación, a instancias de las fuerzas de seguridad de Colombia, de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como bajas en combate, con el fin de cobrar los incentivos económicos y los ascensos ofrecidos por el propio gobierno.

Ante estas consideraciones, la coordinación y cercanía mostradas entre Los Pinos y el Palacio de Nariño en el episodio de la detención y expulsión de Miguel Ángel Beltrán Villegas debieran constituir un factor de preocupación para la sociedad mexicana en su conjunto.